lunes, 15 de enero de 2018

Suiza no aceptará que las personas que han vivido de las ayudas del gobierno puedan obtener la ciudadanía

Chris Tomlinson 10 de enero 2018 En Suiza entró en vigor una nueva ley de derechos civiles que impide que los residentes que han estado en asistencia social en los últimos tres años se conviertan en ciudadanos a menos que devuelvan el dinero que recibieron al estado.

Las nuevas regulaciones harán imposible que los solicitantes de asilo y los migrantes que han vivido de donaciones estatales en los últimos tres años se conviertan en ciudadanos, incluso si han vivido en Suiza como residentes permanentes durante el tiempo requerido para presentar una solicitud de ciudadanía, informa Kronen Zeitung.

La ley anterior permitía a los inmigrantes solicitar la ciudadanía siempre que no estuvieran en los beneficios del estado en el momento de su solicitud.

Junto con la estipulación de bienestar, el nuevo acto requiere que los inmigrantes demuestren un mayor nivel de integración que antes, lo que incluye hacerles probar que tienen un cierto número de amigos y conocidos suizos.

Los requisitos lingüísticos varían según el cantón y la mayoría espera un nivel intermedio de competencia lingüística según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) en el nivel B1 o B2.

Si bien Suiza no es miembro de la Unión Europea, los solicitantes de asilo han intentado inundar el país a través de la frontera sur de Italia. Mientras que muchos han usado Suiza como país de tránsito para llegar a Alemania, otros han permanecido en el estado alpino.

Varios cantones y ciudades en Suiza han intentado hacer retroceder a la corriente de inmigrantes al hacer menos atractivo para ellos venir al país. A fines del año pasado, la ciudad de Zurich votó a favor de recortar drásticamente los beneficios para los solicitantes de asilo que no cumplían con los requisitos y que se encontraban en el llamado "estado F" en el que no podían ser deportados.

Muchos de los inmigrantes que ingresan a Suiza también han venido sin ningún tipo de identificación, lo que hace aún más difícil procesar su solicitud de asilo o deportar a aquellos que no han sido aprobados para el estado de asilo.

La concejala suiza Simonetta Sommaruga reveló a fines del año pasado que el gobierno desconoce la verdadera identidad de nueve de cada 10 solicitantes de asilo en el país.

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